Test de la Constitución Española por títulos

Respuesta correcta: A) El pueblo español.

Justificación Legal:
Según la fórmula de promulgación previa al Preámbulo de la Constitución Española, "las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado" el texto mediante referéndum el 6 de diciembre de 1978. Esto materializa el artículo 1.2 de la propia Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español.

Análisis rápido del resto:
Las Cortes Generales (Congreso y Senado) la aprobaron y el Rey la sancionó y promulgó, no la ratificaron.

El error común:
Confundir la aprobación (Cortes) o la sanción (Rey) con la ratificación (pueblo español).

Respuesta de la plantilla usada en esta muestra. El INAP publicó la plantilla definitiva de los modelos A y B el 15 de octubre de 2026: resolución del ejercicio único.

Respuesta correcta: A) Garantizar la soberanía e independencia de España.

Justificación Legal:
Según el artículo 8.1 de la Constitución Española de 1978, la misión de las Fuerzas Armadas es "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". La opción A recoge de forma literal y exacta la primera parte de este mandato constitucional.

Análisis rápido del resto:
* B) Falsa porque la Constitución exige defender la integridad "territorial", no "patrimonial".
* C) Falsa porque deben defender el ordenamiento "constitucional", no "democrático".
* D) Falsa porque el término jurídico exacto es "independencia", no "individualidad".

El error común:
Leer rápido y confundir "ordenamiento constitucional" con "democrático" o "integridad territorial" con "patrimonial".

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Respuesta correcta: D) Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

Justificación Legal:
Según el artículo 167.1 de la Constitución Española de 1978, el procedimiento ordinario de reforma constitucional exige que los proyectos sean aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (Congreso y Senado). Esta mayoría cualificada es imperativa para garantizar un amplio consenso parlamentario antes de modificar el texto constitucional.

Análisis rápido del resto:
* A) Falsa: La mayoría absoluta se exige para aprobar leyes orgánicas (art. 81 CE), no reformas constitucionales.
* B) Falsa: La mayoría de dos tercios corresponde al procedimiento agravado de reforma (art. 168 CE).
* C) Falsa: La Constitución no contempla esta combinación asimétrica de mayorías para reformar su texto.

El error común:
Confundir el procedimiento ordinario (tres quintos) con el procedimiento agravado (dos tercios).

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Respuesta correcta: D) Por Ley orgánica.

Justificación Legal:
El artículo 57.5 de la Constitución Española de 1978 establece literalmente que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica". Esta reserva constitucional garantiza que un asunto de tal trascendencia institucional requiera la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Análisis rápido del resto:
* A) Falsa, porque la Constitución exige expresamente el rango de ley orgánica, no ordinaria.
* B) Falsa, el poder ejecutivo (Gobierno) carece de competencia para regular la sucesión real.
* C) Falsa, es una materia reservada exclusivamente al poder legislativo (Cortes Generales).

El error común:
Confundir la ley orgánica con la ordinaria por desconocer esta reserva constitucional expresa.

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Respuesta correcta: A) Un mínimo de 21 miembros.

Justificación Legal:
Según el artículo 78.1 de la Constitución Española de 1978, en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros. Estos miembros representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.

Análisis rápido del resto:
* B) Falsa porque la Constitución no fija un número exacto y cerrado, sino un suelo.
* C) Falsa porque 21 es el límite inferior (mínimo), no el límite superior (máximo).
* D) Falsa porque el texto constitucional no establece ningún límite máximo de miembros.

El error común:
Confundir el mínimo constitucional de 21 miembros con un número fijo o máximo.

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Respuesta correcta: D) Previa autorización de las Cortes Generales.

Justificación Legal:
El artículo 63.3 de la Constitución Española de 1978 establece literalmente que "al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz". Es una función formal del monarca que requiere inexcusablemente el aval del poder legislativo.

Análisis rápido del resto:
* A) Falsa: El titular del Ministerio de Defensa no tiene potestad constitucional para autorizar este acto.
* B) Falsa: El Presidente del Gobierno dirige la política exterior, pero no autoriza la declaración de guerra.
* C) Falsa: El Consejo de Ministros no tiene atribuida esta competencia, reservada exclusivamente a las Cortes.

El error común:
Confundir la dirección de la política exterior (Gobierno) con la autorización de guerra (Cortes).

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Respuesta correcta: A) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Justificación Legal:
Según el artículo 123.2 de la Constitución Española de 1978, el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Análisis rápido del resto:
* B) Falsa, el CGPJ es quien propone y el Rey quien nombra; el Fiscal General del Estado no interviene.
* C) Falsa, la propuesta la realiza el órgano colegiado (el CGPJ en Pleno), no su presidente.
* D) Falsa, invierte totalmente los roles constitucionales establecidos.

El error común:
Confundir quién nombra (el Rey) con quién realiza la propuesta (el CGPJ).

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Respuesta correcta: D) Del Tribunal Supremo.

Justificación Legal:
Según el artículo 102.1 de la Constitución Española de 1978, la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta figura jurídica es la que se conoce comúnmente como el aforamiento de los miembros del Ejecutivo central.

Análisis rápido del resto:
* A) Del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Falso, los TSJ asumen la responsabilidad penal de los miembros de los Gobiernos autonómicos, no del central.
* B) De la Audiencia Nacional: Falso, este tribunal no tiene competencia para juzgar a los miembros del Gobierno.
* C) Del Tribunal Constitucional: Falso, el TC no pertenece a la jurisdicción ordinaria ni dispone de Sala de lo Penal.

El error común:
Confundir el Tribunal Supremo con la Audiencia Nacional por tratar delitos de gran relevancia.

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Respuesta correcta: B) En 2024 y sustituyó el termino disminuidos por personas con discapacidad.

Justificación Legal:
La respuesta es correcta porque la Reforma de la Constitución Española de 15 de febrero de 2024 modificó expresamente su artículo 49. Esta reforma eliminó el término "disminuidos" de la redacción original para sustituirlo por la expresión "personas con discapacidad", adaptando el texto al enfoque de derechos humanos.

Análisis rápido del resto:
- A) Falsa porque el término original que recogía la Constitución no era "minusválido", sino "disminuidos".
- C) Falsa por el año (fue en 2024, no 2023) y porque el término original a sustituir es incorrecto.
- D) Falsa porque, aunque acierta el término original, la reforma constitucional se aprobó definitivamente en 2024.

El error común:
Creer que el término original era "minusválido" o que la reforma se aprobó en 2023.

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Respuesta correcta: C) Menores de edad y mujeres.

Justificación Legal:
La respuesta es correcta en virtud del artículo 49.2 de la Constitución Española, tras su reforma aprobada en febrero de 2024. Este precepto constitucional establece expresamente que los poderes públicos "atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

Análisis rápido del resto:
* A) Falsa porque el artículo 49 no hace ninguna mención a los mayores de 65 años.
* B) Falsa porque la Constitución no exige ni menciona ningún grado o porcentaje de discapacidad.
* D) Falsa porque el texto constitucional no cita expresamente a las personas en riesgo de exclusión social en este precepto.

El error común:
Desconocer el texto exacto de la reciente reforma del artículo 49 aprobada en 2024.

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Respuesta correcta: A) Obligatoria y gratuita.

Justificación Legal:
Según el artículo 27.4 de la Constitución Española de 1978, se establece de forma literal y taxativa que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita". Este precepto garantiza el derecho fundamental a la educación para todos los ciudadanos, asegurando que nadie quede excluido por motivos económicos.

Análisis rápido del resto:
Las opciones B, C y D son falsas porque contradicen la literalidad constitucional que exige ineludiblemente tanto la obligatoriedad como la gratuidad.

El error común:
Confundir la enseñanza básica con etapas superiores (como Bachillerato) que no son obligatorias.

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Respuesta correcta: B) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

Justificación Legal:
Según el artículo 167.1 de la Constitución Española de 1978, los proyectos de reforma constitucional ordinaria deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (Congreso y Senado).

Análisis rápido del resto:
- A) Falsa, la mayoría de dos tercios corresponde al procedimiento agravado de reforma (artículo 168 CE).
- C) Falsa, la Constitución exige expresamente que la mayoría se alcance en ambas Cámaras, no solo en el Congreso.
- D) Falsa, mezcla la fracción del procedimiento agravado (dos tercios) limitándola incorrectamente solo al Congreso.

El error común:
Confundir la mayoría del procedimiento ordinario (tres quintos) con el agravado (dos tercios).

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Respuesta correcta: D) En Pleno y por Comisiones.

Justificación Legal:
La respuesta se fundamenta literalmente en el artículo 75.1 de la Constitución Española de 1978. Este precepto establece de forma expresa que "Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones", organizando así el trabajo parlamentario ordinario.

Análisis rápido del resto:
* A) Falsa porque omite a las Comisiones, que son órganos fundamentales para el trabajo parlamentario.
* B) Falsa porque la Diputación Permanente actúa en periodos inhábiles o disolución, no según el artículo 75.
* C) Falsa porque la "Asamblea" no se contempla en la Constitución como forma de funcionamiento interno.

El error común:
Confundir el funcionamiento ordinario (Comisiones) con la Diputación Permanente (periodos inhábiles).

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Respuesta correcta: C) En el pueblo español.

Justificación Legal:
Según el artículo 1.2 del Título Preliminar de la Constitución Española de 1978, "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Por tanto, el pueblo es el único titular originario del poder constituyente y político.

Análisis rápido del resto:
* A) Las Cortes Generales representan al pueblo español (art. 66.1 CE), pero no son titulares de la soberanía.
* B) El Rey es el Jefe del Estado (art. 56.1 CE), pero carece de poder soberano propio.
* D) La justicia emana del pueblo (art. 117.1 CE), el poder judicial no posee la soberanía.

El error común:
Confundir la titularidad de la soberanía con la representación política de las Cortes Generales.

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Respuesta correcta: C) El Rey.

Justificación Legal:
Según el artículo 159.1 de la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey. Aunque diversos órganos del Estado se encargan de proponer a los candidatos, la competencia formal del nombramiento recae exclusivamente en el monarca.

Análisis rápido del resto:
* A) El Congreso de los Diputados: Falso, solo propone a cuatro miembros por mayoría de tres quintos, pero no los nombra.
* B) El Senado: Falso, únicamente propone a otros cuatro miembros con idéntica mayoría, sin potestad de nombramiento.
* D) El Gobierno: Falso, se limita a proponer a dos miembros para que el Rey los nombre formalmente.

El error común:
Confundir el órgano que propone a los candidatos con el que los nombra formalmente.

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Respuesta correcta: B) Cuatro.

Justificación Legal:
El artículo 122.3 de la Constitución Española establece expresamente que el Senado propone a cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial entre abogados y otros juristas. Los doce miembros de extracción judicial se eligen "en los términos que establezca la ley orgánica", por lo que el texto constitucional solo atribuye directamente cuatro a la Cámara Alta.

**Análisis rápido del resto

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